En las profundidades de la industria textil, existen talleres que operan en la más absoluta ilegalidad y clandestinidad. Estos lugares carecen de habilitación, marca individualizadora y libreta sanitaria para los trabajadores. Además, no ofrecen condiciones básicas de higiene y seguridad.

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Paradójicamente, la ilegalidad que rodea la producción en estos eslabones de la cadena no excluye a estos negocios de las reglas del mercado, sino que los sitúa en una posición ventajosa. La subordinación, la gran explotación y la actividad delictiva que caracterizan las relaciones laborales en estos talleres textiles permiten a las empresas reducir costos y minimizar riesgos al eludir los derechos y obligaciones laborales fundamentales. 

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En Argentina el problema experimentó un aumento de visibilidad notorio a partir del año 2005 con la creación de la cooperativa "20 de diciembre" por parte de la organización no gubernamental "La Alameda", organización cuya misión se centra en la lucha contra el trabajo esclavo, la trata de personas y la explotación infantil.

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Desde ese año, La Alameda ha liderado una enérgica campaña en contra de estos talleres clandestinos, presentando denuncias legales tanto contra los propios talleres como contra las marcas que les contratan para la producción. Kosiuko, Puma, Topper, Adidas, Awanda, Mimo y Dufour fueron unas de las primeras marcas denunciadas por esta organización en conjunto con la Unión de Trabajadores Costureros.

 

Al año siguiente, se produjo uno de los eventos más trágicos. El 30 de marzo de 2006, un incendio devastador, causado por un fallo eléctrico, se desató en un taller textil clandestino situado en el barrio de Caballito, concretamente en la calle Luis Viale. Este siniestro cobró la vida de dos adultos y cuatro niños, en un lugar donde residían 65 personas, en donde la mayoría eran bolivianos y la mitad eran menores de edad.

 

Diecisiete años después de la tragedia, ni los propietarios del taller clandestino ni ningún funcionario encargado de las inspecciones en la Ciudad, ni siquiera los agentes de policía que ofrecían protección a esta industria textil ilegal y explotadora, han enfrentado condenas. Las familias de los trabajadores sometidos a la esclavitud en la industria textil continúan su lucha por la justicia, la memoria y han reiterado su llamado a la expropiación de esas instalaciones que ya habían solicitado años atrás.

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En 2019, el Juez Alberto Baños, del Juzgado Criminal y Correccional N° 27, tomó la decisión de sobreseer a Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, los dueños de las marcas que subcontrataban al taller textil. En su fallo, Baños, junto a la fiscal Betina Vota, argumentaron que no se podía demostrar que Fischberg y Geiler tuvieran conocimiento de la situación en el taller, a pesar de testimonios contradictorios de varios testigos y las denuncias presentadas por los vecinos.

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Este accidente y sus consecuencias que siguen sin resolverse en la actualidad, junto a otros tantos que han ocurrido a lo largo del tiempo, pone de manifiesto las debilidades de la política pública en esta materia y plantea la urgente necesidad de abordar este problema oculto en el corazón de la industria textil.

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Con el propósito de esclarecer y descifrar el modus operandi de los talleres clandestinos, se estableció contacto con dos víctimas que han experimentado directamente esta forma de explotación laboral. Cecilia Ramírez y Rebeca Gutiérrez proporcionaron detalles reveladores sobre su experiencia al convivir dentro de este entramado delictivo.

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Los talleres textiles clandestinos representan entornos caracterizados por una explotación sistemática, careciendo de condiciones adecuadas, tales como ambientes saludables, espacios cerrados con deficiencias en los servicios básicos y la ausencia de iluminación. ‘’Era una explotación total, era un lugar horrible donde no había ni luz; era un galpón donde no había ni ventanas. Era un taller de tejido de punto, entonces te imaginarás la pelusa y el ambiente pesado que había ahí’’, declaró Cecilia. 

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En cuanto a las jornadas laborales, comúnmente se extienden entre 12 y 14 horas, siendo exhaustivas y caracterizadas por una limitada libertad. Este escenario es especialmente relevante, ya que muchos trabajadores, en su mayoría inmigrantes, permanecen en las instalaciones que, además de ser sus lugares de trabajo, se convierten en sus espacios de residencia. ‘’Entrábamos a las siete de la mañana y salíamos a las ocho de la noche. Hay dos métodos que tienen estos talleres, el primero es el que yo seguía de entrar, estar 13 horas y luego irnos; y el segundo es el de quedarse vivir en el taller mismo’’, dijo la ex víctima. 

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Además, Cecilia mencionó: ‘’Vinieron a hacer inspecciones y controles, pero en el taller, entre el lavadero y la cocina, había una puertita muy pequeña que daba paso al departamento de a lado de la casa del tallerista, entonces venía la inspección y nos decían ’Bueno chicos, a la cocina, de la cocina a la puertita y al otro departamento’. Ten en cuenta que en este taller no había ningún trabajador en blanco, todos estabamos en negro entonces directamente hacían como si no hubiese nadie’’. Esto deja claro uno de los tantos problemas existentes a la hora de localizar estos talleres que se encuentran y trabajan en las sombras. 

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También con respecto a las inspecciones, Rebeca comentó: ‘’Hay intereses de dinero principalmente, callan a la policía y a otras instituciones. Como te digo, son instituciones que cuando va a haber una inspección en cierto lugar de trabajo, anticipan a los dueños y le dicen: ‘Van a pasar tal hora’ y los dueños de las fábricas los sacan a los chicos a tomar un café o les dicen que se tomen el día’’. 

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En la experiencia tanto de Cecilia como de Rebeca, el trato de los talleristas con los trabajadores era nulo; estos contrataban a otra persona que era la encargada de supervisar la producción y a los productores. Por parte de la comida que proveen los talleristas, Cecilia comentó: ‘’la comida es horrible, literalmente es como si alimentaran animales, añadiendo que la comida es escasa, para nada abundante’’.

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Estos talleres no solo proveen espacios y comida en malos estados, sino que también supervisan de forma invasiva las actividades de sus trabajadores. ‘’Como el pago es por producción a la gente le conviene producir, pero si hay un grado grande de exigencia porque te controlan con cámaras. En el momento en que alguien se levanta para ir al baño, se le controla por las cámaras e incluso hay otras personas que están al servicio del encargado de controlar la producción que lo llaman por el intercomunicador para decirle si una persona se levantó y está en el baño hace equis tiempo y le avisa para que vaya a fijarse que pasa, por ejemplo. Entonces sí, termina siendo un control total’’, mencionó Cecilia. 

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Ante esta gran problemática expuesta, se le suma una gran falta de difusión y una gran dificultad de acceso a la información pública en torno a estos talleres por parte de los distintos organismos gubernamentales que se encargan de realizar la supervisión de estas organizaciones y de recibir las denuncias realizadas. 

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En el año 2015 surgió la apertura de una línea telefónica bajo la administración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que se estableció con el propósito de proporcionar atención telefónica para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas: La línea 145.

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En la labor de redactar y publicar informes sobre las denuncias realizadas e información sobre la trata de personas en el país, PROTEX ha realizado un informe conjunto de denuncias que abarca el periodo de 2015 a 2017, un informe específico para el año 2018 e informes anuales a partir del 2019, siendo el último informe el del 2021.

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Según los informes, se registró un incremento del 9.8% en las denuncias a la línea 145 durante el periodo comprendido entre 2015 y 2017. La mayoría de las denuncias relacionadas a casos de explotación laboral, fueron las vinculadas a talleres textiles clandestinos.

 

En los años siguientes hasta el 2022, las denuncias experimentaron una disminución del 24.72% con respecto al último dígito registrado en 2017. Además, en el último año, las denuncias relativas a talleres textiles clandestinos descendieron, representando únicamente el 10.5% de las denuncias por explotación laboral.

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La disminución tanto en las denuncias generales como en las específicas por explotación en talleres textiles clandestinos no refleja una mejora en la problemática, sino que señala una falta de difusión de la campaña de la línea 145 por parte del Gobierno. Este hecho fue abordado en el 2022 por los concejos deliberantes de diversas ciudades de la Provincia de Buenos Aires, como Benito Juárez, Coronel Dorrego, Guaminí y Laprida. En respuesta, aprobaron iniciativas legislativas locales con el propósito de integrar la campaña nacional de la línea 145 en sus organismos gubernamentales, servicios de movilidad urbana y áreas de atención a la ciudadanía.

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Asimismo, el factor del anonimato en las denuncias constituye una parte significativa de la problemática. El miedo impuesto a las víctimas de esta explotación fomenta el silencio, llevando a la presentación de denuncias de manera anónima. Esta práctica genera un desafío en las líneas de ayuda, ya que el anonimato plantea interrogantes sobre la veracidad de las denuncias y lleva a un gran porcentaje de denuncias archivadas. Es relevante destacar que desde el año 2015 hasta la fecha actual, más del 54% de las denuncias han sido presentadas de forma anónima.

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En conclusión, víctimas, en declaraciones a este medio, sostienen la persistencia de talleres textiles clandestinos que aún no han sido regularizados. Afirman la existencia de una complicidad entre los organismos encargados de regular el funcionamiento de fábricas y talleres y los propietarios de estos establecimientos. Estas aseveraciones subrayan la necesidad de abordar de manera urgente y efectiva la regulación de estos espacios para prevenir la continuidad de prácticas laborales ilegales y proteger los derechos de los trabajadores.

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Por último, cabe destacar que en el marco de esta investigación, se gestionó el acceso a información pública relacionada con denuncias sobre talleres textiles clandestinos presentadas en el último año. Las solicitudes fueron dirigidas a organismos competentes como PROTEX y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, así como también se requirió información sobre operativos realizados por la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En todos los casos, las solicitudes fueron ignoradas o recibieron respuestas generales, careciendo de la información y documentos solicitados. Este obstáculo dificulta la obtención de datos cruciales para esclarecer la situación y resalta la necesidad de abordar la transparencia en la gestión de información relacionada con este grave problema.